Omaira Morales.
El tema de la emergencia social declarada por el Gobierno Nacional y la expedición de 15 decretos que buscan en teoría mejorar la calidad de la salud de todos los colombianos son el resultado de la expedición de la Ley 100, liderada en su momento por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez.

La tan apaleada Ley 100 fue creada por el hoy presidente Álvaro Uribe Vélez con un objetivo claro: mercantilizar el derecho fundamental a la salud. Este elemento trajo consigo que desde 1993 el caos fuera el pan de cada día y que los afiliados, usuarios y empleados se condenaran a un mal servicio; por ello, hoy gracias a una improvisada reforma, se sustenta en la expedición de 15 decretos incluidos en la emergencia social que por salir del afán electoral hundirá más en el lodo a este derecho que ha sido entregado a los mercaderes de la salud, quienes juegan irresponsablemente con la vida de los más pobres, porque los que pueden pagar se irán o seguirán en la medicina prepagada.

La senadora Liberal, Cecilia López Montaño, en medio de la entrevista recordó que apenas llegó Álvaro Uribe en el 2002 a la presidencia la curvatura de la gráfica en salud era  perfecta  pero con el pasar de los años se disparó el régimen subsidiado, hasta el punto de ser hoy inviable, situación que se acompañó de la política del actual Gobierno denominada “la confianza inversionista” la cual hizo mucho más barato el capital y encareció relativamente el empleo, lo que conllevó a evitar que el sistema se sostuviera.

De otra parte hay que mencionar que partir del 2004 el presidente promovió una Ley en donde estableció que la universalización de la salud se haría por el régimen subsidiado, con lo que reventó el sistema explicó López Montaño, y a esto se le suma el hecho de que el Estado comenzó a financiar su déficit fiscal con los recursos del sistema de salud. “Es innegable que la crisis que hoy viven los colombianos en esta materia está directamente relacionada con las malas políticas económicas y sociales implementadas en el Gobierno de Álvaro Uribe” aseguró la senadora Liberal.

 La reforma a la salud debía hacerse según los expertos desde hace siete años, sin embargo, el Gobierno de Uribe minimizó el problema y creyó que era un percance tan solo financiero, metiendo la cabeza en la tierra como un avestruz  y siguiendo con su política populista de todo está bien.

Cecilia López Montaño comentó:  “Este Gobierno nunca quiso aceptar que había un caos en el sistema de salud, es más, en la actualidad aún no ha pagado sus compromisos y le debe 6 billones de pesos al régimen de salud que pagaría el régimen subsidiado, lo que demuestra que desde hace mucho tiempo esto viene muy mal”. Para la senadora esta situación puede provenir de que el Estado nunca creyó que esto era un problema financiero de grandes magnitudes, y por ello al darse cuenta comenzó a sacar de un día para otro una reforma total a varios elementos  de la salud, pero dejando por fuera al POS.

La Ley 100 le puso la lápida a la salud a nombre de Uribe y hoy este personaje expide 15 decretos que con su lenguaje de sí pero no, le favorece pero al final lo afecta y pese a esto no ha sido claro con los colombianos asumiendo su responsabilidad como victimario de un sistema que hoy sólo se garantiza a punta de tutelas, derecho que también desaparecerá porque las enfermedades catastróficas serán financiadas por los pacientes, los médicos deberán incumplir su juramento hipocrático porque darán lo que la Ley establezca y no lo que necesite el usuario y los más pobres tendrán que dejarse morir si no tienen los recursos para pagar un centro asistencial y frente a esto, él sólo sigue esperando reelegirse para continuar hundiendo el dedo en la llaga y ensañándose con los menos favorecidos.

La Corte ya dijo que la salud es un derecho fundamental y manifestó que al momento de concebir la idea de  juntar los dos paquetes para dejar sólo uno se debería adelantar un proceso en el cual no sólo participara el Estado sino los usuarios, las academias de medicina y la población en general, más aún teniendo en cuenta el hecho de que se está definiendo un derecho fundamental y por ende esto se debe realizar por medio de una Ley Estatutaria, comentó la senadora Cecilia López.