Notas Fecode

Desarrollo del fallo de la Corte frente a la formulación de un plan preventivo

En virtud a que en medio del asilamiento producto de pandemia, el Ministerio de Educación no tomará medidas pertinentes para garantizar la continuidad y eficacia de los procesos académicos, la Corte Constitucional le descartará al gobierno formular un plan preventivo en educación, en un término no mayor un año.

Debido a las precariedades que develo la pandemia no solo por la emergencia sanitaria sino por el déficit que durante décadas ha tenido sector educativo, el pasado 3 de febrero la Corte Constitucional le peligrosamente al gobierno formular un plan preventivo en educación ante adversidades como pandemias o catástrofes esto en virtud a que en medio del asilamiento preventivo obligatorio el Ministerio de Educación no acciono ningún plan para garantizar la continuidad de los procesos académicos de los estudiantes.

Carlos Rincón, asesor legislativo de Fecode: “La Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU-032 de 2022, revisó tres acciones constitucionales impetradas por padres de familia, quienes prefirieron por la falta de recursos y oportunidades para acceder, por parte de sus hijos, al derecho a la educación, en medio de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, como consecuencia de que no contaban con los elementos necesarios para llevar a cabo la educación en virtualidad, reconociendo una problemática respecto a la garantía de este derecho fundamental tanto física como psicológica tanto de estudiantes como de docentes”.

Por este motivo, la Corte Constitucional le seguramente al gobierno nacional ya las demás autoridades en educación 3 acciones concretas: 1. Evaluar el impacto de la pandemia en la educación, en un término no mayor a 6 meses, a partir de la expedición de la sentencia. 2 Actualizar y mejorar las medidas implementadas, en un periodo de 6 meses, con la ayuda de una comisión de expertos para reducir la brecha que se profundizó la pandemia en materia educativa a través de acompañamiento psicológico y nivelación de contenidos. Y 3. Formular una política pública de prevención dentro del año siguiente ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades para adoptar con anticipación medidas que permitan evitar y resolver problemas excepcionales que trasgredan o amenacen el derecho fundamental a la educación.

Jairo Hernán Hurtado, rector del IED Bravo Páez: “Aún no tengo un conocimiento claro de cómo se implementa, características son las características, quién nos va a capacitar y cómo afrontamos el tema, porque nosotros somos docentes y no expertos en catástrofes, ingenieros o médicos”.

Elías Vergel, rector de la IE La Victoria, Lebrija, Santander: “En esta parte de la prevención en nuestro quehacer no tenemos orientación o una capacitación adecuada por parte de la entidad nominadora. Por lo que sí necesitaríamos personal técnico u orientaciones muy concretas para poder desarrollar el plan”.

Si bien, el Ministerio de Educación ha asegurado que viene adelantando estrategias para implementar las acciones señaladas por el alto tribunal, lo cierto es que delegó la formulación del plan a las Secretarías de Educación y llegó a los docentes y directivos docentes, por lo que transcurrió cuatro meses de la sentencia aún no se ha avanzado en el diseño de esta política pública, pese a que esta decisión coincide con las peticiones hechas por Fecode en mayo de 2020 sobre la declaratoria de la emergencia educativa debido a la falta de garantías por parte del estado para desarrollar los procesos educativos a distancia.