La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, RECHAZA la aprobación de la Reforma Tributaria de Iván Duque. Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado. Por las siguientes razones:

1. Es una reforma tributaria, no una ley de crecimiento económico. Cambiando el título del proyecto no se modifica su esencia, ya que el articulado no es más que una modificación al sistema tributario colombiano.

2. El proyecto tiene un impacto negativo en los ingresos para la Nación por más de $9.4 billones, principalmente, producto de la reducción del impuesto de renta del 32 al 30% para personas jurídicas.

3. El escaso recaudo del proyecto se soporta en un impuesto regresivo, como el IVA Plurifásico para gaseosas y cervezas con el que se espera recaudar más de $2.1 billones. 

4. Es una reforma inequitativa, ineficaz y regresiva. Colombia es el cuarto país más desigual del mundo; el coeficiente de Gini antes de impuestos es de 0.57 y después de impuestos de 0.55; el proyecto no es más que una disminución de la carga tributaria y generación de exenciones a quienes tiene capacidad de pago.

5. La redistribución de ingresos que plantea el proyecto no corresponde a las necesidades de los colombianos. Mientras se reducen impuestos a los más ricos, el gasto fiscal, entendido como lo que se deja de percibir, tendrá que ser asumido por todos a través de una reducción en subsidios, inversión y gasto social en general, así que quienes más necesitan del Estado, son quienes pagarán la carga de esta medida.

6. La devolución del IVA, es una medida para acallar la movilización social. Se ha demostrado que los problemas socioeconómicos de los colombianos menos favorecidos, no se resuelven con el continuismo de políticas asistencialistas. Los problemas estructurales no se resuelven con medidas ineficientes.

7. Los tres días sin IVA, representan una cortina de humo. Dicha medida beneficiará a las familias que tengan capacidad de ahorro y puedan esperar determinado tiempo para acceder al beneficio; además, excluye a los colombianos que no cuenten con medios financieros para realizar las compras, ya que el pago se debe hacer en entidades comerciales y electrónicamente, lo cual, de paso le servirá a los grandes empresarios, quienes dinamizarán sus ingresos, mientras que el comercio informal, del cual dependen millones de colombianos no tiene ningún beneficio.

8. La reducción gradual de la cotización a salud de los pensionados con un salario mínimo, es lo único bueno de esta reforma. Sin embargo, no corresponde al compromiso del Estado Colombiano con todos los pensionados, por tanto, quienes quedan por fuera de este tope seguirán en espera del cumplimiento integral.

9. Se introducen mecanismos para fomentar el emprendimiento de la economía naranja y del sector agropecuario, que son excluyentes y rivales, ya que solo beneficiarán a grandes empresarios, acentuando las condiciones adversas de competencia que enfrenta millones de campesinos y emprendedores.

10. Mediante la figura de las “Megainversiones” se pretende dar una tarifa especial en el impuesto de renta del 27% para grandes empresarios por medio de contrato de estabilidad tributaria con una duración de 5 años, si realiza inversiones de capital de 30.000.000 UVT y genera escasos 300 empleos directos.

11. La experiencia internacional más reciente (Reforma Fiscal en Estados Unidos del Presidente Donald Trump) y en la que el Gobierno del Presidente Iván Duque fundamentó la presentación de este proyecto, es decir, la reducción de carga impositiva a las grandes empresas y grandes contribuyentes, no garantiza la creación de empleos. Para el caso de Estados Unidos, una investigación de Just Capital encuentra que, “(…) desde que se aprobaron los recortes de impuestos, las 1,000 compañías públicas más grandes en realidad han reducido el empleo, en general. Han anunciado la eliminación de casi 140.000 empleos, que es casi el doble de los 73.000 empleos que dicen haber creado en ese tiempo (…)”

12. Lejos de generar crecimiento económico con estas medidas, que en su mayoría están, hoy se encuentran vigentes dada la decisión de la Corte Constitucional de la ley 1943 de 2018. Las cifras reflejan un panorama desalentador: tasa de desempleo del 9.8%, aumentando la informalidad hasta llegar al 48%, aunado al fenómeno migratorio más importante de los últimos años; un crecimiento del PIB de 3.3% sobresaliente si se compara con el resto de economías de América Latina, pero, lo que se esconde en esta cifra, es que esta dinámica es por el exagerado crecimiento del sector financiero 8.2% que no genera valor agregado al aparato productivo del país, mientras que, la industria y la agricultura crecen apenas un 0.4% y 2.6% respectivamente.

En definitiva, menos ingresos tributarios para la Nación, conduce a la imposibilidad de una Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, que incremente real y progresivamente los recursos para Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Resguardos Indígenas, lo cual, agudizará las condiciones en estos sectores sociales.

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