Notas

La Procuraduría genera presión pero tampoco asume compromisos para la presencialidad en los colegios

Tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, haciendo énfasis en la importancia de volver a las aulas y convocando a todos los servidores públicos responsables de este proceso a que cumplan con el esquema de alternancia, la pregunta que surge es ¿Ha hecho el ente de control el acompañamiento respectivo para verificar los protocolos de bioseguridad establecidos por el mismo ministerio de salud en cada una de las instituciones educativas del territorio nacional?

El abogado Sergio Manzano responde: “en vez el ministerio público, como garante de la vigilancia de la constitución, de las leyes, los actos administrativos, de la defensa de los intereses de la sociedad y la protección de los derechos humanos, muy por el contrario lamentablemente se ve casi permeado este pronunciamiento de la procuraduría por un componente de índole político en contravía de los derechos de los niños, los decentes, los directivos docentes y los administrativos”.

Si bien, es importante precisar que los docentes no han dejado de garantizar el derecho fundamental a la educación, a pesar de las precariedades existentes, también es de resaltar que ellos son conscientes de la importancia de retornar aulas, y por eso, siempre han estado listos para iniciar la presencialidad, salvo que las condiciones y protocolos de las instituciones estén totalmente verificadas y garantizadas.

El abogado Sergio Manzano plantea: “Es necesario que la procuraduría general de la nación entienda que las funciones que le fueron asignadas de conformidad con el artículo 177 de la constitución nacional, no tienen que ver con una función represiva, con una función de obligar a los funcionarios dado que no puede atribuirse funciones para hacer que se cumplan, los pronunciamientos, las leyes, ni obligar a los funcionarios a que contra vengan derechos fundamentales y principios constituidos en nuestra carta política. Así que ese procedimiento es un control previo y es un control de advertencia que primero debe hacerse sobre el Ministerio de Educación, luego sobre las entidades territoriales y las secretarias de educación para verificar cada una de las instituciones educativas”.

Frente a esto, queda claro que el pronunciamiento hecho por parte de la procuraduría se aleja de su verdadera función constitucional. Por lo que el llamado es a que ejerza en plenitud su función de acompañamiento, comprobación y vigilancia de los protocolos de bioseguridad para la implementación de la alternancia educativa que tanto ha exigido el magisterio colombiano, con el fin de garantizar la vida y la salud de toda la comunidad educativa.