Notas Fecode

23 DE OCTUBRE: PARO NACIONAL DE 24 HORAS  DEL MAGISTERIO COLOMBIANO
¡EL PRESIDENTE DUQUE MENOSPRECIA LA EDUCACIÓN PÚBLICA!

No otra cosa se puede colegir luego de conocer su respuesta a las grandiosas y más que justas movilizaciones de los estamentos universitarios exigiendo soluciones a la crisis del déficit presupuestal que han venido soportando: la miserable oferta de $ 500 mil millones para el 2018 y una cifra semejante para el 2019; si a ello le anexamos lo plasmado finalmente en el presupuesto general de la nación para la vigencia 2019 en el área educación, 41.4 billones de pesos, mientras que para el pago de la deuda externa, 51.9 billones, reflejan a las claras las prioridades de este gobierno. El servicio de la deuda pública aumenta incesantemente devorando el presupuesto nacional hasta el punto de ser su rubro más grande (500 billones adeuda el Estado colombiano) precisamente el pago de esa deuda es la forma principal como el capital financiero saquea el país.

En Colombia los gobiernos neoliberales, incluido, y de qué manera, el del presidente Duque, han estado al servicio de los intereses del capital financiero y contra el desarrollo de nuestro país. Si a lo anterior, se suma lo que se avecina con la “Ley de Financiamiento” (Reforma Tributaria), la Reforma Pensional y los mandatos de la OCDE, lo que se vislumbra para el pueblo colombiano, es más sufrimiento, miseria y pobreza.

El magisterio colombiano agrupado en FECODE, dio la más ardua lucha por el retiro del Proyecto de Ley 057 que arrasaba con derechos laborales del magisterio, descargaba responsabilidades y mayores cargas financieras a las entidades territoriales certificadas, trasladando el pago de matrículas y pensiones a los padres de familia, desfinanciando aún más la educación y desconociendo los acuerdos entre el gobierno y FECODE firmados por el conflicto laboral del año 2017; acuerdos que a pesar de haber retirado el proyecto de ley en mención, están vigentes y por lo que nos mantendremos en pie de lucha hasta lograr su cabal cumplimiento.

Reconocemos como un triunfo de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y magisterio, así como de los parlamentarios que coadyuvaron en el retiro de este proyecto de ley lesivo para la educación pública; pero ello, por sí solo, no resuelve la magnitud del problema que arrastra la educación preescolar, básica primaria, secundaria y media.

La comunidad educativa y el pueblo en general tenemos la obligación ciudadana de entender que la Constitución de 1991 consagró la educación como un derecho humano fundamental y descentralizó su gestión a las entidades territoriales; para materializar este propósito, los Artículos 356 y 357 de la misma y la Ley 60 de 1993, establecieron que el Gobierno Nacional debería transferir cada año, hasta el 46.5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación a los municipios y departamentos para financiar la provisión del servicio público educativo.

Lo anterior se vino al traste en el año 2001 cuando el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, en cabeza de su Ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, promovió una Reforma Constitucional para recortar el crecimiento de estos recursos. Este ajuste, que en un principio se adujo era transitorio, quedó permanente en el año 2007, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través de su Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, presentó otro acto legislativo para tal efecto.

La situación de desfinanciación de la educación como consecuencia de estas dos reformas, fueron desastrosas, los municipios y departamentos dejaron de recibir entre 2002 y 2016, cerca de 138 billones de pesos, de los cuales 73 billones eran para financiar el sistema educativo público, igualmente las transferencias cayeron vertiginosamente su participación en el presupuesto público nacional, pasando de representar el 40,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en 2001 a solamente 26,7%, reduciendo casi a la mitad su participación.

El ya disminuido sistema de transferencias para educación sufrió nuevamente otro golpe financiero a partir de 2017 puesto que perdió 1.8% de crecimiento adicional que por lo menos había quedado establecido en la anterior Reforma Constitucional, y, precisamente por ello, por primera vez desde la Constitución del 91, en 2017 las transferencias territoriales para educación tuvieron un déficit, razón por la cual el gobierno tuvo que echar mano a los préstamos al Fonpet por valor de 1.3 billones de pesos para cerrar año. Lógicamente, en el 2018 este déficit crecerá y los municipios y departamentos volverán a tener dificultades para cumplir con sus compromisos en el sector (nómina, servicios públicos, mantenimiento, vigilancia, aseo, transporte y alimentación escolar, etc.).

En conclusión, la crisis de las finanzas para la educación pública es en todo el sector y no se resuelve, como lo pretende hacer el gobierno del presidente Duque, con paños de agua tibia, por cuanto exige como tarea fundamental, una reforma de carácter constitucional a los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y no una reforma legal, para redistribuir la pobreza de los recursos asignados para agua potable, saneamiento básico, salud y educación.

Si a lo anterior, se suma:

 Un servicio de salud nefasto, que atenta contra la salud y la vida de los maestros y sus familias, y que redunda contra la actividad laboral normal del gremio,
 El incumplimiento en la convocatoria de la tercera cohorte para ascensos y reubicación salarial de los compañeros maestros del 1278 y lo atinente a la convocatoria del 12% a curso,
 La implementación de la jornada única sin las garantías necesarias.
 El estado lamentable en la infraestructura de las instituciones educativas, las dificultades en la accesibilidad, la desfinanciación de la canasta educativa y la relación técnica maestro-estudiantes y docente-grupo que demuestran los impactos que la política equivocada del gobierno ejerce en contra de la calidad de la educación,
 El no pago de las deudas por diversos conceptos y el no reconocimiento y pago de las primas regionales,
 La expedición de actos administrativos que atentan contra la educación y los educadores,
 Las precarias -por no decir nulas- garantías de seguridad existente para el ejercicio de la labor docente y sindical, entre otros aspectos,

FECODE apoya la lucha de los estudiantes de las universidades públicas, exige al gobierno la asignación presupuestal suficiente para la finalización del presente año escolar y comparte la lucha por una adición presupuestal de 3.2 billones de pesos para el año 2019 y la destinación a largo plazo de los 18 billones de pesos que son la deuda estructural con las universidades.

Todas y cada una de las anteriores situaciones nos obligan llamar a la comunidad educativa; en especial, a los padres de familia y estudiantes, a la Federación Colombiana de Municipios, a gobernadores, concejales, diputados y parlamentarios demócratas, a que juntos defendamos la educación pública, luchemos en unidad y nos movilicemos por el logro de una financiación adecuada vía una Reforma Constitucional.

Al magisterio colombiano a declararnos en Estado de Alerta y, conjuntamente con todos los sectores sociales nos movilicemos por los anteriores propósitos y la conquista y defensa de nuestros derechos y reivindicaciones sentidas, participando activa y responsablemente en el PARO NACIONAL DE 24 HORAS EL MARTES 23 DE OCTUBRE, cuyo único responsable es el gobierno nacional.

¡POR UNA FINANCIACIÓN ADECUADA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
DESDE EL PREESCOLAR A LA UNIVERSIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS FIRMADOS,
VIVA EL PARO DE 24 HORAS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO!

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